viernes, 30 de diciembre de 2011

Mujeres, entre el asedio y la desidia

Por Germán Uribe
guribe3@gmail.com

Lo que venimos de conocer ahora a través de distintas investigaciones de ONGs y de Navi Pillay, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en su informe sobre la mujer y el conflicto colombiano en 2010 referente a la violencia sociopolítica contra mujeres, jóvenes y niñas, alcanza, sin equívoco alguno, el contundente calificativo de espeluznante. Probablemente como muchas otras de las crueldades y barbaries ya incrustadas en el alma y en la historia diaria de los colombianos, pero para este caso, con connotaciones extremas ya que comporta una sistemática destrucción del equilibrio emocional y sicológico, y de la integridad moral y física del género femenino, ciertamente el más vulnerable y el menos protegido.


Espeluznante… sí.

"Los hechos sucedieron el 31 de octubre de 2004, hace seis años: me cortaron el cuero cabelludo con una macheta. El ‘Flaco’ vivía en la casa del frente de nosotros. Golpeó puertas, a mi marido le dio disparos y a mí no me quitó el cabello sino que me quitó el cuero cabelludo; me iba a meter viva en un hueco. Yo corrí, me metí en la casa de mi abuela bañada en sangre. Los carros no me querían sacar porque la gente temía. Sólo un señor se arriesgó a sacarme. En el hospital me cogieron cincuenta y pico de puntos y a los tres días me dieron de alta. La Policía de San Onofre me quitó las recetas de los medicamentos. Ellos eran los mismos: eran mandados por ‘Cadena’". (Rincón del Mar, entrevista a mujer adulta, Sucre, noviembre 2010). Testimonio tomado de La Silla Vacía, de entrevista a María Emma Wills, coordinadora del informe “Mujeres y Guerra: víctimas y resistentes en el Caribe Colombiano”.

Pero, igualmente, veamos este único dato de una investigación que cubre de 2000 a 2010, realizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh): “… cada hora cerca de nueve mujeres sufrieron agresiones sexuales, y en su mayoría (84%), las víctimas fueron niñas menores de 18 años”, comprobándose en el estudio que los ataques, en un altísimo porcentaje, provinieron del Estado, bien sea por consumación directa, o por condescendencia o apoyo a los actos violentos cometidos por grupos armados ilegales.


En este 2011 se cumplieron cien años desde que se instauró el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer… pero la lucha centenaria por sus derechos, definitivamente, al menos en Colombia, parece ir cada día más en reversa y, por ende, en contravía a sus anhelos. Su vulnerabilidad se viene acentuando, y su dependencia y algún grado de esclavitud en determinados ámbitos y regiones, acusan un nivel de desesperanza e impunidad que ni el Estado, ni los gobiernos, ni los legisladores, ni la sociedad machista, han querido enfrentar con rigor. Sufren por doquier las emboscadas a su integridad, y los logros específicos por el respeto a su dignidad, e incluso a su vida, parecen esfumarse mientras usted y yo, amigo lector, tan solo dolidos o indignados, da lo mismo en tanto la amenaza no cese, nos limitamos a escribir o a leer artículos como este.

Según la ONG española Itermón Oxfam, más del 50% de nuestra población son mujeres, algo así como 22.5 millones, padeciendo el 54% de ellas las rudezas de la pobreza o a la indigencia. Supimos que el Instituto Nacional de Medicina Legal reveló por estos días que en los últimos diez años se presentaron más de 600.000 hechos de violencia contra las mujeres; 4.000 asesinatos y 40.000 asaltos sexuales, y que cerca de medio millón fueron víctimas de violencia sexual en 407 municipios colombianos a manos de la Fuerza Pública, el paramilitarismo y demás actores armados de la guerra que estamos viviendo.

Y es que no nos queda más que repetir aquí, ejerciendo, eso sí, nuestra sagrada obligación de servir de altavoces de las injusticias y las atrocidades, cifras, estadísticas y resultados de los estudios a los que tuvimos acceso recientemente. Por ejemplo, entre 2001 y 2009, según la misma ONG española, cada seis horas una mujer colombiana fue abusada y un promedio diario de 245 fueron víctimas de algún tipo de violencia.

Pero es que, además, la prensa viene machacando a diario estos resultados investigativos que hacen que los columnistas nos sintamos exigidos a verterlos sobre nuestros limitados espacios críticos. Los que nos ocupan ahora, en particular, puntualizando una de las más feroces y sangrantes realidades de la “Colombia es pasión”, o la de la “Seguridad democrática”, o la del “todo vale”: Acción Social tiene registradas más de 1.950.000 desplazadas en el país: el 30 por ciento salió de sus hogares por violencia sexual y el 25 por ciento volvió a sufrir abuso en los lugares de refugio. Y en el marco de la Ley de Justicia y Paz, de los más de 57 mil crímenes admitidos por los paramilitares solo 86 son de violencia sexual, pese a que hay 727 denuncias. Y lo inaudito: hasta hace pocos días se concretó la primera condena a tres paramilitares del “refundador y patriótico” bloque Vencedores de Arauca.

En conclusión, la crudeza histórica colombiana ha convertido a nuestras mujeres en simples trofeos de guerra. Lo que este vergonzoso drama tiene por más condenable es la forma en que el conflicto las ha venido trasformando en carne de cañón y botín de guerra, “honor” del asaltante y posesión material de “bienes” del enemigo. Los perros de presa del paramilitarismo, por ejemplo, encontraron en la mujer el instrumento para la vindicta y el desahogo perfecto para sus apetitos salvajes de sangre y sexo.

Cientos de miles de mujeres colombianas viven hoy la fatalidad del terror, el desplazamiento, el despojo, el desarraigo, las laceraciones, la indigencia, las violaciones, la esclavitud, el olvido, la impunidad y la muerte.

¡Movilicémonos también por ellas!


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sábado, 10 de diciembre de 2011

Desigualdad y felicidad a la colombiana

Por Germán Uribe
guribe3@gmail.com

Una forma simple de desenmascarar la posición política de extrema derecha, dogmática y retrógrada de alguien, o mejor, digámoslo de una vez, de desentrañar su liviandad de principios morales y el abuso que hace de su fe religiosa o de sus privilegios económicos y de clase, es ver de qué manera juzga las causas de la desigualdad social y las expresiones populares que tienden a encontrar soluciones a esa discriminación a través de la protesta u otras formas de lucha reivindicatoria.



Basta observar con detenimiento y objetividad el Informe Mundial de Desarrollo Humano 2011, divulgado en los primeros días de noviembre de este año por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), para darnos cuenta de la espantosa iniquidad y la apocalíptica injusticia por la cual hacen su tránsito vital hombres y mujeres, niños y ancianos de todas las latitudes del mundo incluyendo, quién lo creyera, vastos sectores de la población estadounidense y europea. Pero como nuestra preocupación mayor está anclada aquí y ahora en nuestra disparatada Colombia, sumerjámonos por un momento en algunos de los escenarios que nos llevaron a ocupar el deshonroso tercer lugar entre 129 países del planeta, superando tan sólo a dos naciones dramáticamente atrasadas como lo son Haití y Angola.

Dato escalofriante y denuncia vergonzosa que da la sensación de que el gobierno y numerosos actores del poder político y la economía preferirían engavetar.

El informe es preciso y contundente. No da para las interpretaciones soslayadas e impúdicas con que el verbo desfachatado de los causantes del acelerado deterioro social quieren explicarlo, buscando con ello el modo de preservar sus privilegios, sin importar que ese estado de cosas se mantenga o agrave. Y las señales de preocupación que nos envían son estas: el Estado y el gobierno están haciendo todo lo posible para que, dentro del marco de la democracia y las instituciones, y en el ejercicio de los deberes patrióticos que la Constitución y la ley establecen, dicha realidad cambie. De tal manera que creamos que los señores que tiene las riendas del poder político y el imperio económico están haciendo todo lo posible por alcanzar un equilibrio que albergue satisfactoriamente las aspiraciones del conjunto de la sociedad.

¡Todo es cuestión de paciencia, señores!

Para incursionar brevemente en este tema, quizás el de mayor calado en lo que tiene que ver con el desarrollo y la sobrevivencia de los seres humanos, debemos aceptar que el meollo de esta crisis está centrado en la distribución del ingreso, la riqueza y el consumo, estudiado por las Naciones Unidas mediante una medición llamada “Coeficiente Gini de ingresos”. Allí se demuestra, palmariamente, cómo la humanidad está dividida irremediablemente entre vivos y bobos.

Es de anotar que los factores con mayor frecuencia esgrimidos para explicar nuestra desigualdad social, son algunos de ellos azarosamente acomodaticios, simplistas y hasta perversos: la procreación desmedida e irresponsable de los humildes, el atraso histórico de ciertos grupos étnicos, la crianza y educación dada a los hijos por sus padres, la “pereza” intrínseca en la gente del “pueblo” que no les permite asumir posiciones correctas ni acciones o decisiones que les pueda ayudar a salir del atolladero, y en fin, sin ir más al fondo respecto de la desigualdad de oportunidades, punto esencial, a veces se refieren a la población migrante como causante de su propio desequilibrio, no importa que haya sido llevada a esa condición por componentes de abandono estatal, violencia, desarraigo y despojo.

Y si alguna consecuencia funesta le está trayendo a Colombia esta tremenda desigualdad social reseñada por el organismo internacional, boomerang sepulturero ella misma para los poderosos de la economía nacional y la alegre comparsa de los políticos corruptos y los gobiernos ineptos, o peligrosamente arbitrarios y delirantes como el de Uribe, es en sí mismo el conflicto armado colombiano ahora propenso a devenir en una inimaginable guerra civil.

Permítaseme reproducir unas pocas estadísticas que le dan fuerza y sentido a mi consternación:

Los ricos en Colombia vienen haciéndose al 6 por ciento del ingreso nacional, en tanto que las mayorías captan el 3 por ciento.

El 0,06 por ciento de los propietarios rurales, que tienen más de 2.000 hectáreas cada uno, poseen el 53,5 por ciento de la tierra, en contraste con el 83 por ciento, que tienen predios de menos de 15 hectáreas y son dueños del 7,2 por ciento. Con razón, el vocero de la ONG inglesa, Oxfam Asier, Hernando Malax, acaba de afirmar: “Colombia es uno de los países del mundo con más desigualdad en el acceso a la tierra, hay pocos países del mundo que sean más desiguales que Colombia, y esto lleva a situaciones enormes de pobreza rural, contribuye al conflicto y limita el desarrollo que se pueda llevar a cabo”.

Mientras el sueldo de un congresista ronda los 21 millones de pesos, el salario para un trabajador es de 535.500 pesos.

Pese a que el Producto Interno Bruto (PIB) y el Gasto Público se multiplicaron por dos en los últimos veinte años, la pobreza extrema apenas se redujo en 2 por ciento y la desigualdad está intacta.


El 10 por ciento más rico de la población se embolsilla la mitad del PIB y el 10 por ciento más pobre apenas alcanza a rozar el 0,6 por ciento del mismo.

¿Por ello será que cada vez se repite más aquello de que entretanto “el capitalismo privatiza las ganancias, socializa las pérdidas?

Y, vaya cinismo: “Somos el país más feliz del mundo”, ordenaron que repicaran algunos de los dueños del 6 por ciento del ingreso nacional a sus todopoderosos voceros, mientras el 17% de nuestros compatriotas vive de milagro, o más exactamente, 20,5 millones de colombianos son pobres y 7,9 millones, indigentes.


Pero, entonces, así, ¿cómo es eso de que somos una Colombia feliz?

sábado, 12 de noviembre de 2011

Aborto: lo criminal está en su prohibición

Por Germán Uribe
guribe3@gmail.com

En lo tocante al aborto sólo tienen peso conceptual dos posiciones explícitas: la de aquellos que lo califican de crimen y la de quienes consideramos que el crimen se incuba precisamente en su prohibición. No hay, pues, en lo referente a este tema, manera alguna de refugiarse en aquel famoso simplismo de intermediación o conciliación que invocamos como “más o menos”. O se está con él, o se está contra él.


El proyecto de reforma constitucional -llevado al Congreso por el partido conservador y por la extrema derecha, su aliada representada por los uribistas del partido de la U- que penalizaría el aborto o la interrupción voluntaria del embarazo, al modificar el artículo 11 de la Carta Política desequilibra escandalosa y perversamente el rigor de una justicia equitativa cuando lo extiende a todas las circunstancias que llevarían a considerarlo, concitando una aberrante ocasional “pena de muerte” en detrimento de las madres, lo cual para sus defensores no es grave, como sí lo sería, según ellos, cuando afecta la gestación, es decir, lo “contingente”. No hay sindéresis en ello, y punto.

De hecho, lo que se proponía desde la Comisión Primera del senado -en buena hora sepultado -, no era otra cosa que “tumbar” la sentencia 355 del 2006 de la Corte Constitucional que consiente su práctica en casos de violación, malformaciones genéticas o cuando la salud o la vida de la madre corran graves riesgos. Eso, evidentemente, poco les importa.

El proyecto de acto legislativo 06 en nada favorecía a la salud pública, la medicina, la ciencia, el derecho y la ética, y muy por el contrario, esta improvisada arremetida retardataria dirigía sus absurdas intenciones, mientras abusaba del justo espíritu constitucional defendido con valor por la Corte Constitucional, al bajo mundo del aprovechamiento político y electoral, con consecuencias tan perturbadoras como primitivas y contrarias a los avances de la civilización y los logros científicos de la humanidad, al pretender la negación a necesidades tales como los métodos acreditados de anticoncepción, o la fertilización in vitro o, en fin, la investigación en células madre y la misma eutanasia.


Mucha tinta se ha derramado desde cuando nuestro país se asomó tímidamente al tema del aborto como una exigencia para el mejoramiento de la salud pública de los colombianos. Los diferentes sectores activos de nuestra sociedad a través de instituciones jurídicas, organizaciones religiosas, ONGs, la academia, columnistas de medios y destacadas personalidades, no han desaprovechado oportunidad para volcar con evidente énfasis sus propios puntos de vista. De todo se ha dicho con razón o sin ella. Pero he aquí un ejemplo de interpretación acertada tomado de un editorial del diario El Tiempo:

“La sentencia C-355 -del 10 de mayo de 2006 de la Corte Constitucional- no es una carta blanca para abortar, como lo pintan sus críticos. Al contrario, limita la traumática opción a tres situaciones extremas para las mujeres. Y, aun dentro de esos límites, los distintos actores estatales, del sistema de salud y de la justicia ignoran el sufrimiento femenino y desdeñan los derechos de la mujer. La reforma constitucional de los conservadores subordina el déficit de los derechos reproductivos a los principios absolutos de su fe religiosa. Prefiere que el Estado adopte un credo a que cumpla los fallos de sus altas cortes.”

Y ya lo había dicho yo en esta misma columna de Semana el 25 de abril de 2006, en un artículo que denominé “El aborto: ¿una vida por otra?”:

“Los primeros, como casi único argumento, invocan a Dios y la moral religiosa, es decir, argumentaciones subjetivas. Los segundos, con objetividad, reclaman lo objetivo: primero la existencia y lo que ya es de este mundo. Los enemigos del aborto parecieran querer hacer prevalecer lo que puede llegar a ser, por sobre lo que ya es, una vida humana en pleno ejercicio de su existencia. Lo latente por sobre lo existente. Y aunque ponen el grito en el cielo llamando a las madres que abortan asesinas de sus hijos, no creo que quienes estamos de parte del aborto llegáramos a llamar a sus hijos inconvenientes en gestación, asesinos de su propia madre. ¡Que sea la madre a quien se deba inmolar en aras de una vida eventual¡ Antes que sacrificar lo gestado, hay que matar a quien lo gesta. En este país prima por sobre la vida de la madre, el periodo gestacional de un feto”.

El anuncio de que el Partido Conservador echará mano de un referendo como herramienta constitucional para hacer posible la penalización del aborto, parece ser una de las últimas patadas de ahogado con que se nos notifica este jurásico exabrupto.

Una consulta popular requiere ante todo una premisa con fundamento, proporcionada y sensata. Pueda ser que la ciudadanía así lo entienda y eche por la borda lo que sólo será un desgaste inútil para la democracia y un despilfarro económico inexcusable.

Y por último, para vigorizar la embestida conservadora, salta de pronto como un salvavidas estertóreo el denominado plan B que, liderado por el señor Procurador Alejandro Ordóñez, pone a consideración del Congreso un proyecto de ley que apunta a regular la objeción de conciencia pretendiendo con ello hacerle el esguince a lo establecido por la Corte. Pero desmedidos en sus apetencias, los conservadores buscan con un habilidoso añadido la ampliación de su cobertura a las instituciones privadas, a sabiendas de que lo formulado por el Procurador y su “añadido” sólo tiene cabida para las personas naturales y no para las instituciones. "Eso es intentar llevar las convicciones religiosas personales al plano del Estado, para obtener propósitos de tipo confesional”, declaró recientemente el ex presidente de la Corte Constitucional, Alfredo Beltrán.

¿Qué destino próspero y moderno podría alcanzar un país que, mientras ve pasar el avance de la medicina, la ciencia y la tecnología por el resto del mundo, se empeña en mantener estancado el propio desarrollo de su civilización, y por añadidura, tendido somnoliento sobre el regazo del statu quo, cuando no en la más condenable regresión?

sábado, 22 de octubre de 2011

La farsa del voto obligatorio

Por Germán Uribe
guribe3@gmail.com.co

Argumentado como una debilidad democrática la abstención histórica en los comicios electorales colombianos, amén del clamor general por la depuración del sufragio, el senador Rodrigo Villalba Mosquera radicó en el Congreso de la República a mediados del año pasado un proyecto de ley mediante el cual se intenta instituir el voto obligatorio en Colombia. Aunque respetando y entendiendo dichos argumentos, ambos de la mayor valía argumental, nuestra posición contraria a dicha propuesta nos lleva sin demoras ni reservas a intentar refutar la que consideramos una descabellada posibilidad que, de tanto en tanto, en ocasiones electorales o en tiempos de derrotas políticas, ponen a sonar algunos personajes inmersos en diversas ideologías todas ellas de tendencia derechista y en veces fascista, que no saben a qué más echarle mano para garantizar una curul perpetua que les asegure el estupendo negocio que ella por sí sola encierra.


Lo primero que habría que decir frente a esta eventual "gran reforma del sistema electoral colombiano", es que no garantiza que con el voto obligatorio serán derrotados -per se- el hecho de elegir o hacerse elegir con el expreso propósito de montar un negocio personal o familiar, ni nos ofrece blindaje alguno contra los fraudes en los escrutinios, ni le pone una férrea talanquera a las maquinarias clientelistas, ni nos ampara del imperio del dinero, ni le hace un quite a los carteles de los contratistas, ni nos escuda de los empresarios o las empresas mismas escogiendo a quienes legislarán para ellos, ni nos sustrae del preponderante dinero sucio, etc., etc., todo ello, como bien se sabe, en el cuerpo de una llaga putrefacta y aparentemente incurable que por los tiempos de los tiempos viene afectando la transparencia y la legalidad misma de las elecciones.

Quien ahora se empeña en sacar adelante esta inconveniente aventura reformista, no pudiendo ofrecernos argumento distinto que salve el concepto esencial del término democracia, se limita a decirnos que "el voto obligatorio puede convertirse en antídoto eficaz contra estas prácticas corruptas" aunque por fortuna reconoce, eso sí, que "visto en esos términos suena antidemocrático". Sin embargo, parece que aunque asimila y defiende el "derecho ciudadano" al voto obligatorio, no expresa igual sentimiento de lealtad con el derecho a la libre expresión sin ataduras como podría ser la abstención misma. La libertad individual y ese derecho ciudadano que esgrime, si está poseído por un verdadero espíritu democrático, pueden permitirle a quien quiera que sea, elegir o abstenerse de hacerlo. ¿No es acaso la democracia el sistema de gobierno en el cual la soberanía del poder reside y está sustentada por las autoridades escogidas por el pueblo en elecciones libres? Hasta ahora, al menos, no hemos visto una interpretación de democracia en donde se diga que la escogencia de tales autoridades representativas del querer popular deberá ser hecha tras la votación obligatoria de todos y cada uno de los componentes de la sociedad que elige. Porque es que una elección democrática es aquella que hace la mayoría que ha participado libremente en la escogencia de un candidato, sin pretender que para que la democracia cumpla a cabalidad su cometido, tal candidato deba ser ungido por las mayorías pero tras la participación obligada de todo el mundo en esa elección. Ese "unanimismo" o frenéticas mayorías muy próximas a él, nos recuerdan aquellas derechas recalcitrantes y dictatoriales con nombres históricamente nefastos tales como Hitler, allá, y Uribe Vélez, acá.

Y cuán deleznable puede llegar a ser aquella apreciación de Kelsen cuando nos quiere hacer creer que "el voto obligatorio no coarta la libertad del ciudadano en tanto que sólo lo obliga a participar en la elección, pero no influye en la manera de votar, ni ejerce influencia alguna sobre su voto". Con esta cita traída por el autor de la propuesta, es más lo que se le perjudica que lo que se le ayuda a su argumentación.

Si bien países como Australia, Bélgica y Luxemburgo optaron por el voto obligatorio, también es cierto que Holanda, en 1970, y Austria no hace mucho, lo objetaron. Y aquí en Latinoamérica tan solo Argentina, Brasil, Costa Rica y Ecuador lo practican.

Así como el sufragio universal en una democracia lleva implícita la expresión sagrada de la soberanía individual, el derecho de cada quien a no ejercerlo no es menos sagrado o soberano.

Y para oponernos a esta propuesta del voto obligatorio tendríamos entre muchos otros, estos dos últimos argumentos. De un lado, esta obligatoriedad sirve con generosidad a los intereses de los grandes partidos, de los partidos mayoritarios quienes ven cómo el Estado hace el costoso esfuerzo requerido para reunir a los votantes eximiéndoles a ellos de tremendos gastos y desgastes en sus campañas, movilizaciones de electores, trasporte, propaganda de seducción para llevar a sus "clientes" a las mesas de votación, etc. De otro lado, la conminación a toda la población, ejercida por los gobiernos para establecer políticas sociales obligando a sus ciudadanos en asuntos tales como el pago de los impuestos, la educación obligatoria, el servicio militar, y tantas otras prácticas de ineludible compromiso, deberían ser vistas por su importancia como prioritarias frente al simple pero extravagantemente costoso capricho de reunirle a toda la población en edad de sufragar a unos partidos fuertes que verán complacidos el esfuerzo ingenuo que el Estado hace para seguirlos privilegiando.


En fin, vale la pena insistir en que el único acto que puede llamarse obligatorio en esta "revolucionaria reforma" es la asistencia electoral, lo cual sólo sugiere, o incluso se traduce, más que en voto obligatorio, en obligatoria concurrencia al acto electoral.

domingo, 2 de octubre de 2011

R.I.P. a la cadena perpetua

Por Germán Uribe
guribe3@gmail.com

Sorprendente es decir poco frente a la escandalosa frase que soltara por estos días Juan Manuel Corzo, “presidente del Congreso de la República de Colombia” -que con tal prosopopeya sería registrado por la prensa internacional y por medios tan importantes como The Wall Street Journal o Le Monde de Francia- cuando luego de lamentarse porque su salario neto de 16 millones de pesos como presidente del Senado no le alcanzaba -según él y sólo él- para surtir de gasolina a sus dos vehículos asignados, afirmara textualmente: "Prefiero que me paguen la gasolina y no robarle plata al Estado”. Y es que, ¿cómo no ver implícita en esta afirmación una “advertencia” gravísima, una especie de chantaje, y de contera, una eventual incitación e incluso una presunta aprobación a aquellos que por falta de recursos, patrocinios o subsidios, recurren a las criminales mañas de la corrupción para surtirse de lo que necesitan? Si no quieres que te lo robe, regálamelo. O como lo registra Mil en caricatura de El Tiempo: “Prefiero que me regale su dinero a tener que atracarlo.”




  Pero qué decir de lo afirmado irresponsablemente por una dama que se ha entregado en los últimos años a promover severas condenas para aquellos que atenten contra la integridad y la vida de los menores de edad. Gilma Jiménez Gómez, senadora por el Partido Verde, acaba de afirmar que una buena proporción de colombianos “quieren” que violen y maten a los niños cuando afirma que “la inmensa mayoría de este país no quiere que violen ni maten a los niños”. Si la inmensa mayoría no quiere, según ella, una minoría sí lo quisiera. Frase extravagante derivada de una pasión que probablemente lleve implícito su desbordado afán por alcanzar sus metas a como dé lugar, a punta de “atajos” y con el “todo vale” en su cartera, y de paso le amplíe su espectro electoral. La señora Jiménez parece que escogiendo este drama, se hubiera encontrado con el filón electoral que buscaba. Más audaz, quién lo creyera, que cualquier exitoso cacique de provincia. Y no contenta con semejante exabrupto, remata “ofendida”: “A asesinos y violadores de niños les salieron defensores”. ¿Quiénes? Entonces, ¿seremos nosotros, los millones de compatriotas que rechazamos este tipo de condena, los que al oponernos a la cadena perpetua estamos incursos en el delito de torturadores, violadores, exterminadores y asesinos de infantes?

¡Qué vaina con estas frases temerarias!

Gilma Jiménez

Pero veamos qué alega a gritos ella y olvidémonos por un instante de sus íntimos propósitos. Una condena de 60 años, como la que ya existe en Colombia para responsables de delitos atroces, y sin rebajas ni otras blanduras penitenciarias como lo establece la ley, de alguna manera se traduce en cadena perpetua. Ahora, quien no quiera verlo así y promueva una alteración constitucional en donde se advertiría de entrada una seria contradicción con la letra de nuestra Carta y un portazo a los tratados internacionales de derechos humanos, con la inevitable consecuente declaratoria de inexequibilidad que tarde que temprano le llegará, lo que está haciendo no es otra cosa que, para el caso de la senadora Jiménez, amparada en la popularidad de estas propuestas que arrastran una simpatía meramente emocional de la opinión pública, buscar un rédito político cuyo caprichoso costo constitucional y jurídico debería causarle, más temprano que tarde, arrepentimiento y sonrojo.

¿Qué si no fue una engañifa la búsqueda de un proyecto de ley para convocar un referendo que cambiara la Constitución consintiendo la cadena perpetua para los abusadores y asesinos de menores cuyo resultado final, dado lo artificioso y deleznable de su propósito, no fue otro que la inevitable sepultura que el Gobierno y el Congreso de la República se vieron en la urgencia de darle a la precipitada y a un mismo tiempo inútil y costosa iniciativa?

Y es que, además, miremos a ver si es cierto o no que a casi cualquier edad del delincuente que la amerite se encontrará con que en promedio saldría de prisión entre los 80 y los 120 años teniendo en cuenta que la ley ya ha abolido la posibilidad de otorgar rebajas muy particularmente si se trata de tales delitos cometidos contra los menores de edad.

Se ha hablado mucho por estos días al respecto de esta iniciativa con argumentos más sólidos los unos que los otros, pero hay uno entre ellos que, al oponérsele, por su contundencia se destaca como irrefutable y sentencioso. Y es este: La cadena perpetua, al determinar que el delincuente que la “merezca” se mantendrá toda su vida en prisión, desestima e impide, per se, que aquél pueda ser rehabilitado y se reincorpore algún día a la sociedad. Es por lo tanto, y a todas luces, una pena inconstitucional. Además, ¿quién dijo, o mejor, quién puede asegurarnos que la cadena perpetua jalona una derivación disuasiva?

Y bien, 60 años son, de alguna manera, una pena perpetua.

Por último, no se pueden desdecir o echar en saco roto las valiosas consideraciones del Consejo Superior de Política Criminal y Penitenciaria que tras denominar a la iniciativa como “inviable”, “populista” o de “demagogia punitiva”, advierte que “no resuelve los problemas de fondo de impunidad, reducción del delito y resocialización de estos criminales”, enredando con nuevos embrollos el ya de por sí frágil sistema penal colombiano y aportándole en mala hora su cuota de atosigamiento al candente problema del hacinamiento carcelario.

Adiós, pues, a esta insensata iniciativa.

domingo, 11 de septiembre de 2011

¿Tramitomanía? Venga le digo...

Por Germán Uribe
guribe3@gmail.com

De la variedad de absurdos que conviven "cómodamente" con los colombianos, uno se destaca por su increíble persistencia en hacernos infelices, a sabiendas de que está ahí, vegetando con placidez en un país que se autoproclama como uno de los más felices del mundo. Me refiero a la tramitomanía. Pero venga le digo. ¿Paradojas? No. Es que, recostados como vivimos los colombianos a la modalidad de enfrentar o revertir las cosas que nos molestan o hacen daño siempre y cuando ello nos signifique el menor esfuerzo posible, ¿pelear?… Uff, ¡qué jartera! Y es por ello que tan campante reina la despótica e insufrible señora.


De tal magnitud es nuestra resignación, que hemos preferido vivir condescendiendo desde tiempos inmemoriales con ese monstruo de mil cabezas que es la tramitomanía, combatiéndola sólo con el inocente ejercicio diario de rezongar entre familiares y amigos -no confrontando a las autoridades-, y despotricando entre dientes -no más allá- contra los burócratas, cuya única misión en la tierra pareciera ser la de aceitar progresiva y meticulosamente las cada vez más numerosas aspas de la tramitomanía, complicando para su "solaz y esparcimiento", o para justificar su salario y su tiempo, hasta la más elemental de las gestiones.

Recientemente, el Departamento Nacional de Planeación señaló con gran despliegue mediático 180 trámites engorrosos en nuestro país pero, sobre todo, inútiles, provocando con ello una inevitable opinión dual entre los colombianos que nos enteramos de los buenos propósitos de su denuncia: de un lado, "una cierta sonrisa" escéptica, y del otro, una sincera esperanza de que, por fin, el camino hacia la última morada de los tramitólogos y sus tramitologías se había despejado y el miserable final que se merecen, esperaba por ellos. Y es que este aporte investigativo de Planeación perfecciona el reciente descubrimiento que había hecho el gobierno de 2.100 trámites ociosos de los cuales, aunque se ven involucrados 1.043 que están establecidos en la ley, ya la Presidencia de la República ha manifestado su decisión de eliminar los expresamente extravagantes e inhumanos, acogiéndose a la facultades extraordinarias que le dio el Congreso a través del Estatuto Anticorrupción, que le ofrece carta blanca para suprimir o facilitar procedimientos que perturben el buen funcionamiento del Estado.

Según lo difunde Planeación, las más insensatas y engorrosas "vueltas" que debe adelantar el ciudadano común -a los de arriba, usted bien los sabe, les llevan a su casa u oficina todo "debidamente diligenciado, doctor"-, están concentradas "casualmente" en las entidades o empresas cuyo mayor afán no es precisamente el de ofrecer un servicio inmejorable y ágil, sino el de optimizar con rapacidad desenfrenada sus utilidades: las EPS, los bancos, las notarías y el tránsito. Para ellas, el que alguien tenga que atravesar la ciudad para retirar un certificado sin sentido ni utilidad alguna, por el que además le cobran un precio exagerado, no es nada. No saben, o sí lo saben pero les importa un higo, del desgaste sicológico y el deterioro emocional de la gente mientras se ve obligada a hacerle caso a sus malditas traumáticas y estériles ocurrencias. No saben, o sí lo saben pero les importa un pito, de las angustias económicas del ciudadano del común, del significado de su tiempo, de los peligros callejeros que corre el hombre conminado al papeleo haciéndole el esguince a los atracos o los paseos millonarios mientras va a colmar los caprichos del funcionario de turno. En fin, no saben, o sí lo saben pero les importa un bledo, del despojo humano en que muchas veces quedamos convertidos cuando impotentes ante aquellos trámites de nunca acabar, le escuchamos decir al prepotente empleadillo: "vuelva el mes entrante a ver cómo va la cosa…"

En el informe publicado por el Banco Mundial denominado "Doing Business in 2004", en donde se examinan los costos que se causan para desarrollar negocios en más de 130 países, además de denunciarse de forma irrebatible la interrelación existente entre la tramitomanía y la corrupción, y de identificarse la coincidencia entre papeleo y subdesarrollo, se indica, para nuestro sonrojo, que en Colombia para hacer funcionar una empresa se requieren 60 días y 19 procedimientos, 7 más que en cualquier otro país de América Latina y 12 más que en los países desarrollados. Y esta es apenas una de las muchísimas aberraciones a las que nos acostumbraron la tradición y las leyes congresionales de nuestro país.

Como azarosamente ocurre con los mártires del sistema pensional colombiano, que tras una extenuante cola deben demostrarle al señor de la ventanilla que están vivos para que les cancelen su correspondiente bicoca, por fortuna a mí no se me exige anexarle a esta columna ningún Certificado de Supervivencia avalado en esta o aquella Notaría.

Por ello imploro que, aunque sea en paz, los malditos trámites inútiles descansen algún día.

domingo, 21 de agosto de 2011

La "Mano Negra", terrorismo de derecha

Por Germán Uribe
guribe3@gmail.com

 El señor presidente Santos repitió por estos días lo que todo el mundo sabe desde hace muchos años: la presencia en la sombra de una “Mano Negra” al servicio de la extrema derecha. Sólo un colombiano, aparentemente, desconocía su preexistencia, tradición y perversidades. Se trata del señor Procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez Maldonado, quien, exhibiendo cierta socarronería, le inquiere al señor Presidente por su existencia al tiempo que le conmina a ¡revelar nombres propios que la representen en el gobierno! Entonces, el señor Presidente Santos, ladino como lo sabemos, de inmediato le "responde" con un galimatías más próximo al foro por el mutis que a cualquier otra cosa.

¡Este es Macondo, Gabo!

Sin embargo, hurgando aspectos relacionados con su origen y avances, de pronto me estrello con definiciones tan necias como la que afirma que, "la mano negra" no es una organización sino una etiqueta, y, en el fondo, en lugar de explicar, sirve cuando no se tiene explicación". O como la perturbadora -por complaciente- del señor Jorge Orlando Melo: "Es un tema que se inventa para atribuir algo a una conspiración, para decir que hay una asociación donde realmente no la hay". Un historiador negando la realidad de la Mano Negra, ¿a quién se le ocurre que vaya a registrar honradamente para la posteridad en sus tratados historiográficos los demenciales crímenes del paramilitarismo colombiano, esa entelequia -diría él- de los filocomunistas, bandidos y terroristas opositores al espléndido gobierno del presidente Uribe?


Una tentativa cronológica de sus raíces y desarrollo bien podría ser esta: en un discurso en la Convención Nacional Liberal de 1961, Alfonso López Michelsen aludió por primera vez a la Mano Negra, frecuentemente fustigada por él durante toda su carrera política. En 1962, Roberto Posada, D'Artagnan, reveló en El Tiempo que Hernán Echavarría Olózaga había afirmado que el nombre de Mano Negra era de la "cosecha" de Julio Mario Santodomingo. Lo cierto es que por aquella época, Carlos Lleras Restrepo hace también alusión a las quejas de López sobre dicha organización y queda más o menos asentado que fueron López Michelsen o su primo Julio Mario Santodomingo quienes la bautizaron como Mano Negra. En 1966, alguien que, junto a Santodomingo y Hernán Echavarría representaba el poder económico y la clase social dominante, Eduardo Zuleta Ángel, niega que él fuera su líder. En 1991, López insiste en un discurso en su alarmante existencia y a finales de ese mismo año la policía le atribuye a una organización que menciona como "la Mano Negra", múltiples crímenes que con apariencia de "limpieza social" se vienen presentando en Santander desde 1989. En el 96, en una publicación de El Tiempo denominada Llano 7 Días, se anuncia la aparición de un grupo bajo la denominación de "Mano Negra" en Granada, Meta. Pero la aclaración final y contundente la viene a dar el mismo expresidente López Michelsen en 2001cuando en el libro de Enrique Santos Calderón, Palabras pendientes, le confiesa a éste: "¿Qué era, por ejemplo, la Mano Negra, que fue inventada contra el MRL? Una asociación de burgueses ricos presididos por Hernán Echavarría, José Gómez Pinzón y Hernán Tovar, que se dedicaba a promover la resistencia contra las ideas de izquierda. Le pedían a los anunciantes la propaganda de nuestras publicaciones y financiaban "feudos podridos" para inclinar en contra nuestra el veredicto de las urnas".


Y es que fue precisamente a raíz del temor que hacia 1960 causaba el MRL y la posible unificación de fuerzas de izquierda, el Partido Comunista incluido, simpatizantes todos de Fidel Castro y la Revolución Cubana, y la posibilidad real de que se hicieran con el poder en algún momento, que un grupo de 25 empresarios e industriales -de acuerdo a la investigación de Juan Villamil en el Espectador-, crearon el Centro de Estudio y Acción Sociales (CEAS) con una directiva formada por Aurelio Correa Arango (director ejecutivo), Jesús María Marulanda (tesorero), Andrés Restrepo, Alberto Samper, José Gómez Pinzón, Gregorio Obregón y Hernán Echavarría. El pretexto y objetivo de la naciente organización, según Norman A. Bailey en su artículo "The Colombian "Black Hand" (The Review of Politics de la Universidad de Notre Dame, 1965), de quien recoge la información Villamil, no era otro que "crear conciencia entre la “gente decente” de los peligros que encarna la izquierda; dirigir una campaña anticomunista y anti-Castro, y otra en favor del libre comercio; actuar directamente contra el comunismo y la izquierda, a través de infiltraciones, presiones mediáticas, listas negras, el apoyo de elementos anticomunistas, y el retiro de pautas publicitarias en los medios cercanos a la izquierda; instar a los empresarios a asumir mayor responsabilidad social (?)."

¡Más claro no canta un gallo!

Y es bueno refrescar la memoria sobre por qué y cuándo en Colombia se empieza a hablar abiertamente de esta estructura delictiva: "En abril de 1961 se publica en la revista La Nueva Prensa un artículo titulado “La mano negra y el dólar”, con fotografías de siete líderes del CEAS, en el que se los acusa de manipular de forma ilícita la fluctuación del dólar para obtener ganancias. Se denuncia también la forzosa desaparición de Semana, y presiones contra Cromos, El Siglo y El Espectador. Es la primera vez que la prensa colombiana utiliza la expresión “mano negra”… "

Y todavía hay quienes preguntan -¿no es cierto, Plinio?- que cuál Mano Negra y que qué es ese infundio. Que si por mucho, un rótulo, una etiqueta…

¿No tendrán, acaso, nada que ver con "los brazos del gran pulpo" de la Mano Negra esas bandas criminales (Bacrim o paramilitares, marbetes distractores porque en últimas son los mismos) que amenazan con su terrorismo de derecha al Estado en medio del apoyo o la simpatía de poderosas fuerzas económicas y políticas y de no pocos miembros de las Fuerza Pública, para quienes la paz no es una opción y la Ley de Víctimas un afrenta?

¿Y no es esta Mano Negra, definitivamente, la encubierta materialización de la macabra sinergia de los potentados extremistas de la derecha política colombiana?

Y lo peor: ¡Cuántos "impolutos" agazapados en ella!

domingo, 3 de julio de 2011

La vejez amenazada

Por Germán Uribe
guribe3@gmail.com

Con todo y que ya contamos en Colombia con una Política Nacional de Envejecimiento y Vejez, hace poco, con motivo de la conmemoración del Día Mundial de Toma de Conciencia en contra del Abuso y Maltrato de la Vejez, se denunciaba la vejación y el abuso contra los ancianos como algo cada vez más común en nuestra sociedad y se mencionaban 1781 casos de violencia intrafamiliar física y sicológica contra personas mayores de 60 años ocurridos todos ellos en el 2010, con un incremento respecto del año anterior cercano al 20 por ciento, y con el agravante de que de cada diez casos, cuatro de ellos eran provocados por sus propios hijos.

Gracias a la lectura que he hecho de diversos estudios, he podido deducir que las cinco principales quejas de los viejos -eufemísticamente llamados adultos mayores-, son: la despreocupación social por su salud, el abandono, la escases de centros asistenciales, el desamparo estatal y, con gran énfasis por su impacto emocional, el maltrato familiar. En Cuba, por ejemplo, de acuerdo a las estadísticas del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual (PNCVFS), los más relevantes victimarios son "sus propios hijos adultos con el 44.4%, los cónyuges 14.6%, pareja actual (afectivo y/o sexual) 9.7%, u otros familiares (nuera, yerno, etc.) 17%... las edades de los hijos/as agresores fluctúan entre 26 y 45 años."


Es necesario resaltar que Colombia está en un proceso de envejecimiento, acorde con una de las previsiones socio-demográficas proyectadas para los próximos años que señala un forzoso e irreversible envejecimiento de la población mundial. Por ejemplo, han venido apareciendo cifras preocupantes como las entregadas por el DANE en donde se advierte que cerca del 10 por ciento de la población de nuestro país sobrepasa los 60 años sugiriéndose la posibilidad de que en el 2050, por cada adolescente, habrá tres mayores, y estimándose que en los próximos 20 años -merced a los adelantos de la ciencia médica que ha ido reduciendo las tasas de mortalidad-, ¡los mayores de 80 años crecerán a un ritmo del 400 por ciento!

Pero sirva este abordaje a un tema de tan señalada importancia global, como lo es el de la vejez, para poner por algún momento el dedo en la llaga de una de las más salvajes injusticias originada por la enferma naturaleza humana contra este particularmente vulnerable sector de la sociedad.

Nadie puede argumentar que desconoce al menos algunos de los innumerables sufrimientos a que el irremediable destino y la implacable naturaleza conducen al hombre cuando este tiene la intrepidez, la obligación o el estoicismo de alcanzar la vejez. A ésta, su última edad, llegan en tropel toda clase de males que van desde la pérdida de control sobre lo económico, hasta su reducción a la impotencia cuando debe someterse sin opción de defensa alguna a los caprichos arbitrarios o las violencias físicas y sicológicas de quienes los rodean. Alguien hacía esta conmovedora lista de lo que con tanta frecuencia ocurre: "Apropiarse de su jubilación, sacarle créditos sin permiso, adueñarse de sus bienes, menospreciarlos, tratarlos como niños, ignorarlos, gritarles, empujarlos y hasta golpearlos y abandonarlos… y (los ancianos) callan por vergüenza o miedo".

Y es que, hay que decirlo ya y levantando la voz, que de bajezas e infamias, ninguna como la que se configura cuando se trata de la violencia física o sicológica ejercida por un hijo contra su padre. Y en este contexto hay una arista brutal cuyo nombre no es otro que el de amenaza -una criminal modalidad de la extorsión-, que el padre agredido debe tomar siempre como un peligro inminente y como la advertencia dolorosa de que el hijo o la hija que la profirió, ya no debería seguir siendo sangre de su misma sangre. El hijo que amenaza a uno de sus padres con cortarle la ayuda económica, con no visitarlo más, o con la depravada y abominable notificación de una demanda judicial, lo hace porque se siente ya habilitado y con la suficiente sangre fría para infligirle a su progenitor cualquier otro tipo de monstruosidad.

A los dos conflictos más sobresalientes en la supervivencia de numerosos hombres y mujeres de la tercera edad, cuales son el abandono y el maltrato, habría que agregársele esta nueva variante, disfrazada ella, impúdicamente, de sólo verbo, "una mera expresión", pero con nombre cierto de artefacto explosivo, amenaza, con lo cual no se está haciendo nada específico, pero se está cumpliendo el objetivo de derrumbar la moral y la tranquilidad del anciano a través del terror que le ocasiona lo que puede llegar a sucederle cuando se concrete.

La vejez, pues, amenazada por todos los flancos, y tantas y tantas veces desde sus propias entrañas.

No recuerdo ahora a quién le oí decir alguna vez que "todo el mundo quisiera vivir largo tiempo, pero nadie querría ser viejo." Y Simone de Beauvoir sentenciaba: "para cada individuo la vejez comporta una degradación que él teme. La actitud más inmediata y simple es negar la vejez porque es sinónimo de enfermedades, dolor, pérdidas de fuerzas, impotencia, fealdad... "

No obstante todo lo anterior, yo jamás negaría la mía. Resignado, me las arreglaré con ella.

domingo, 12 de junio de 2011

La prensa globalizada en entredicho

Por Germán Uribe
guribe3@gmail.com
Si algo ha venido diluyéndose a una velocidad vertiginosa en el entorno de nuestras vidas, ello es la fidelidad a la verdad, particularmente por parte de quienes ejercen la función de informar, es decir, por parte de los periodistas que son los verdaderos proveedores de noticias en el espectro mediático que hoy por hoy está alcanzando la categoría de poder definitorio en la sociedad de estos comienzos del siglo XXI.


La globalización le ha insuflado una vida tan irresistiblemente dinámica a los medios de comunicación y le viene aportando un impulso tan arrollador y sorprendente, que hace de estos ya no un cuarto sino casi un primer poder, extremadamente peligroso si se observa que ha inspirado al cada vez más reducido número de poderosos propietarios de medios a construir primero, y luego a creerse, un contenido informativo que asimilan como la única verdad de la que disponen pueblos y gobiernos para encauzar sus vidas, sus políticas y su futuro.

Es probablemente un nostálgico pero condenable retorno a la época aristocrática griega durante la cual eran los poderosos quienes determinaban en donde estaba lo verdadero, y en donde lo falso.

Juan Linares, en Semana.com (04/03/2011), nos pinta un cuadro estremecedor aunque fidedigno al respecto:

"Así el periodismo, que antes era una especie de servicio social, hoy defiende al capitalismo globalizado a través de siete grupos multimedia que controlan el 70% de los medios de comunicación mundial. Estas siete corporaciones: Fox News, Time Warner, Disney, Sony, Bertelsmann, Viacom y General Electric, controlan la TV, los satélites, las agencias de noticias, las revistas, las radios, los periódicos, las editoriales, la producción cinematográfica, la conexión a Internet, la distribución de películas, etc. Estos siete fantásticos son los que marcan la agenda de la guerra o de la paz en los países petroleros, les dictan las “nuevas ideas” a nuestros gobernantes e imponen sus valores culturales a nuestros pueblos."

Para muestra, el más reciente botón: Libia. Y los botones que seguramente vendrán: Siria, Irán, Yemen, Pakistán, ¿Venezuela?.

Y el mismo Linares, haciendo mención al tema de verdad y periodismo, dice que la verdad es la " piedra fundacional sobre la cual se asienta el periodismo". Debió decir más bien "sobre la cual está obligado a asentarse el periodismo", puesto que más adelante puntualiza que esa "verdad" periodística pertenece "al censo de las palabras sospechosas", dicho por nosotros ahora, no solamente sospechosa, sino difusa y desteñida y en un alto porcentaje simplemente desaparecida.

Si tenemos en cuenta la definición -muy aproximada- de objetividad periodística como aquella coincidencia entre la realidad y su escrupulosa descripción, sabemos de antemano que estamos hablando de materia extraña a los mandamases de los medios y sus subalternos comunicadores, porque mientras estos continúen aferrados a la práctica de la interpretación como la regla que domina la información, ni la sinceridad, ni la objetividad, ni el derecho a las noticias veraces, ni el interés de la comunidad, podrán salir bien librados.

Alguien hablaba recientemente de los riesgos que corría la prensa no tanto por los avances de la Internet que viene engulléndolo y agitándolo todo, como por la insistencia para que la objetividad -reclamo medular en este tema- permanezca como el prurito de la misión periodística. Decía el extravagante aunque gracioso analista que la objetividad hacía del periodismo algo vacío y frio, restándole la pasión innata al vértigo noticioso y dejando a los diarios y a los medios en general "sin sangre y sin alma". Vaya, vaya, manera desvergonzada ésta de buscar rentabilidad en un trueque entre el uso y abuso de la verdad y el rating o las tiradas millonarias que generen espléndidos beneficios económicos a los patrones y "señores" de la industria mediática.

Habría que notificarlo de una vez: la verdadera enfermedad del periodismo contemporáneo no es el manipuleo que se permite "sufrir" por parte de las ideologías. Ni tampoco de manera exclusiva su rendida pleitesía al poder político y a las recurrentes "versiones oficiales". Ni su alienación en los rendimientos económicos. Ni siquiera sus turbios conceptos éticos. Ni la sobradez con la que a menudo se muestra fungiendo como la dueña y señora de la "verdad" -su verdad, sí, en su delirio quizás, pero no la verdad nuestra- que, poco a poco y de manera casi imperceptible, ha venido convirtiendo en propiedad privada.

No. La verdadera enfermedad del periodismo de nuestros días es su desprecio por la objetividad.

Pienso que lo único que puede hacer prevalecer la verdad y rendirle tributo a la objetividad en el fangoso mundo actual del imperio y la tiranía mediática, es la pasión amorosa -personal e individual- por el periodismo y el culto por su función social que seguramente anida en el alma y la inteligencia de numerosos honestos periodistas dispersos ellos por todo el el mundo.

Finalmente, "entredicho", dice el Diccionario de la lengua española, Wordreference, uno de los más visitados de la Internet, es la "duda que recae sobre algo o alguien, especialmente sobre su honradez o veracidad". He allí descrito en dos términos críticos mi punto de vista sobre la actual supremacía mediática, engendrada por la inagotable audacia del capitalismo y convenientemente globalizada para favorecer sus intereses.

domingo, 22 de mayo de 2011

Los absurdos de la corrupción en Colombia

Por Germán Uribe
guribe3@gmail.com

No es una afirmación temeraria. Es una verdad irrebatible. Nunca, como en la época de Uribe Vélez entre los años 2002 y 2010, se había visto en Colombia una disparada semejante de corrupción y bandidaje en la clase política y congresional, en funcionarios gubernamentales de todos los niveles, en el mundo empresarial y en algunos casos de potentados del sector privado, particularmente aquellos cercanos al campo. Es cierto que la corrupción siempre ha campeado en estas tierras desde la conquista y la colonización españolas, pero a ritmo tan acelerado, con tanta frescura e impudicia, por tales montos y a tan variados niveles, nunca.

¡Y eso que hasta ahora están comenzando a despuntar los hedores heredados de aquel insólito gobierno¡

Por ello, como la corrupción reina ahora con más fuerza -¡y tan campante y airosa y soberbia¡-, a todo lo largo y ancho de nuestra querida Colombia, y en vez de disminuir, crece como espuma, no pude contenerme y decidí volver sobre un texto de 2004 el cual cobra plena vigencia por estos días en que los carteles de la contratación, las pirámides, las "chuzadas" ejecutadas por el órgano de Inteligencia del Presidente Uribe, las desmovilizaciones mentirosas, las recompensas y sus consecuentes "falsos positivos", la "Protección Social" y su siniestro cartel de la salud, los AIS y los carruseles, entre otras modalidades, son la torturante comidilla diaria en costureros, salas de redacción, tertulias, Fiscalía, Cortes y juzgados.

Decía entonces, y lo hago válido para hoy, que la falta de escrúpulo individual ha llegado tan lejos, entronizándose y encumbrándose, que en la jerga popular ya es corriente afirmar que fulano de tal es más o menos honesto. Y, señores -¡vaya asombro!-, créanme que esta apreciación se ha convertido en un pasaporte válido para otorgarle crédito, extenderle un certificado de confiabilidad al fulano y hacer negocios con él, o al menos, no tacharlo de corrupto... totalmente.

¿Quién iba a vislumbrar que en este estado de degradación al que ha llegado la sociedad colombiana, lo exigible no son el decoro y la probidad, sino el más o menos serlo? ¿Y que tengamos que recurrir a los más o menos para poder confiar en alguien? Y el resto de lo que otrora fueran virtudes, deberes y preceptos, también se ha venido a pique puesto que por estos desdichados días nos vemos precisados, mejor, constreñidos, a preferir, en todo, a los más o menos.

Son los más o menos justos, decentes, honrados, leales, sinceros, rectos y trasparentes, los que nos dan en períodos como estos la única, o si no la única, al menos la más fiable alternativa para cualquier negocio o trato. Ya se convirtieron en una especie en vía de extinción los simple o cabalmente justos, decentes, honrados, leales, sinceros, y rectos y transparentes. Así las cosas, pues, tendremos que irnos aclimatando a la tibieza bochornosa del rubor, dada la infeliz circunstancia forzosa de tener que recurrir a estos nefastos más o menos, antes de que se impongan del todo, generalizados y sin remedio, los simple o totalmente injustos, indecentes, holgazanes, pícaros, desleales, falsos, hipócritas, torcidos y tenebrosos, y nos toque perecer inexorablemente y para siempre bajo la avilantez de sus garras.

A eso hemos llegado en estos tiempos de liviandad en las virtudes, en que el agrietamiento de la ética, la moral y el pudor consienten que tantos bribones y bellacos pacen impacientes atragantándose con el erario o con no importa cuál economía pública, privada o personal. Y, no obstante que los vemos, les permitimos descollar arrogantes y arrolladores en nuestro entorno social. No es preciso esforzarnos demasiado. Miremos de frente o miremos de lado, o incluso miremos para atrás, y ahí están, muy cerca de nosotros, rozagantes y afectuosos y serviles, con su maloliente tufillo de viciosos del negocio y sus utilidades, emboscándonos con su costoso timo.

Y es que a estos más o menos, querámoslo o no, hemos de toparlos por ahí, en cualquier parte, porque ya son legión y han adquirido status.

Ya se acercan, con toda la celeridad que les genera su colosal ambición, a instituirse en una inusitada normalidad, aprovechándose del carácter débil de los ilusos y los sanos y de la condición de enferma vergonzante de las actuales costumbres. Brotan por doquier cada vez más insaciables. Sus espléndidos dividendos y la desenvoltura con que los alcanzan, hacen de ellos unos verdaderos prestidigitadores de la trampa y la perfidia.

Será que para sacudirnos un poco y aliviar un tanto la pesada carga de la inmoralidad que nos carcome, estamos en la imperiosa necesidad de ajustarnos a la histórica doctrina del expresidente Turbay admitiendo de una vez por todas a la corrupción, ¿pero "en sus justas proporciones"?

¡Ah! Estos más o menos… Con razón se dice que en el país de los ciegos el tuerto es rey…

sábado, 16 de abril de 2011

La prohibición sirve al narcotráfico

Por Germán Uribe
mailto:guribe3@gmail.com

Y vuelve la mula al trigo, puedo decir por mi reincidencia en este tema, tema cuya vigencia difícilmente se va a desvalorizar mientras persistan la droga, quienes se benefician de ella cultivándola o traficándola, quienes la consumen y aquellos que se oponen con intrepidez a su libre circulación. Me encuentro en la Internet en una rápida investigación ya no decenas sino centenares y quizás miles de artículos y opiniones al respecto que me hacen pensar que la legalización de las drogas será por los próximos años -quién sabe cuántos- el tema más recurrente de quienes de una u otra manera se vean afectados por ellas, sean responsables de su presencia y efectos en la sociedad, estén exigidos para enfrentarlas, o simplemente tengan el tiempo y se sientan en el deber de pensar y proponer fórmulas para resolver de manera definitiva sus letales consecuencias.

Tal es el caso de los expresidentes de México, Ernesto Zedillo, de Colombia, César Gaviria Trujillo, y de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, quienes a través de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia han resuelto ocuparse del tema con admirable seriedad, insistiendo con vehemencia sobre el fracaso rotundo de la guerra por acabarlas y persistiendo en su denuncia contra la represión considerándola un arma inútil para combatirlas.

El 23 de septiembre de 2005 publiqué en semana.com el artículo que titulé Tendremos que legalizar la droga, en donde entre otras cosas, afirmaba:

"Sabemos que cada día aumenta el número de norteamericanos que la aspiran -la cocaína- a cualquier precio y que la represión contra esos millones de habituales adictos no puede compararse con la fiereza y el exagerado gasto militar con que la vienen embistiendo en los países productores y exportadores. Ellos la consumen masivamente, mientras en un juego de doble moral, la hostigan y sitian allí adondequiera que se produzca. Trasladar esos inmensos recursos económicos y los colosales esfuerzos militares que derrochan en derrotarlas a sistemas de educación, prevención, reglamentación, judicialización y propaganda con relación a la droga y sus nocivos efectos, nos ahorraría miles y hasta millones de víctimas y ayudaría inmensamente a la pacificación del mundo."

Han pasado 6 años y a estas apreciaciones no les modificaría una coma.

Para quienes todavía se escandalizan, o en todo caso reprochan el calificativo de "guerra" que se le da a la estrategia mundial implementada, publicitada y financiada por los Estados Unidos para combatir la producción, circulación y uso de las drogas enervantes aún "prohibidas", basten los ejemplos de Colombia y México en donde la lucha entre los carteles o la acción militar y policiva para reprimirlos viene dejando en los caminos húmedos o polvorientos de los campos y en las calles bulliciosas o desoladas de las ciudades miles y miles de muertos, y no pocos de ellos degollados, descuartizados, incinerados, y los otros mutilados o sencillamente desaparecidos. ¿Y cómo no pensar de urgencia en alguna fórmula que pueda contraponerse a estas interminables masacres, a este lento y prolongado genocidio, a esta destrucción criminal de valores sociales, económicos y familiares en nuestras sociedades? Una especie de "receta" que con efectos parecidos a los que persigue el ofensiva sangrienta por acabar con el comercio de las sustancias psicotrópicas nos devuelva la tranquilidad de la misma manera que, por ejemplo, la regresó a la sociedad estadounidense cuando el alcohol y los licores en general fueron aceptados como legales por su gobierno.

En los Estados Unidos, hoy por hoy, aunque se acepta que el asunto tiene las características de un problema de salud pública, pese a lo reiterado aquí y allá por el Zar de las Drogas de que la política en la que ellos están empeñados acentúa la prevención y los tratamientos médicos, lo cierto es que en la dura y cruda realidad y en la dolorosa práctica, todos sus esfuerzos tanto económicos como militares -o al menos la mayoría de ellos-, van dirigidos con arrogancia y brutalidad, al mejor estilo imperial, a perseguir a sangre y fuego, arrasando, "fumigando" si es necesario a cultivadores -no importa que sean campesinos con siembras de subsistencia-, procesadores, traficantes y "enfermos" consumidores. Lo que sea, que en esta lucha, el "todo vale" de los expresidentes Bush y Uribe Vélez, es la doctrina.

Para acabar con la droga lo primero que habría que hacerse sería acabar con la guerra que se le declaró. No es matando o encarcelando traficantes y consumidores que, como se ve, van aumentando en proporción directa a la represión que se les tiende.

La única opción que queda ahora es la legalización.

Y es que, frente a la realidad cotidiana por la que estamos pasando, y frente a lo que a diario vemos, ¿a quién cree usted, amigo lector, que puede beneficiar más su prohibición? ¿A la sociedad, a los gobiernos o al narcotráfico?

He ahí el tesis central, la almendra y la esencia de mi punto de vista: Todo lo prohibido, provoca, y esta prohibición en particular, atrae al narcotráfico y le insufla vida. Sobre todo sabiendo que de por medio están unas ganancias redondas y un enriquecimiento exprés.

El negocio de la droga prospera con la prohibición. ¡No cabe duda!

¿Cuánto tiempo, entonces, y cuántos muertos, devastación y estragos faltan para que este axioma se reconozca y en consecuencia se admita la perentoria necesidad de entrar a legalizar las drogas?

lunes, 21 de marzo de 2011

Reproches al periodismo colombiano

Entrevista concedida el 8 de marzo de 2011 a la periodista Liliana Ramírez Sánchez

Liliana Ramírez Sánchez. Para usted, ¿qué es hacer periodismo?

Germán Uribe. Hacer periodismo es ejercer una profesión cuya finalidad consiste en informar sobre los acontecimientos que se desarrollan en tiempos actuales, ciñéndose a la verdad y a la realidad y buscando la manera de que al tiempo que sean de interés general, tales informaciones le lleguen al mayor número posible de personas. Ese " mosaico de informaciones y opiniones procesadas, ordenadas y ensambladas en los medios informativos" que respeta estos principios vendría a constituirse en lo que podemos denominar periodismo en serio.

LRS. ¿Cómo se hace verdadero periodismo?

GU. Acabo de decirlo, cumpliendo con seriedad y responsabilidad estos principios.

LRS. ¿Cómo considera usted el periodismo colombiano?

GU. Pienso que el investigativo cada día se especializa más, tiene mayor vigencia, es ejercido con alguna libertad y, siendo valeroso como efectivamente lo es, presta un formidable servicio a la Justicia y a la sociedad. El resto, el ejercicio periodístico colombiano en general, lo veo cruelmente débil, alienado en intereses de diversa índole -económica, social, burocrática, etc.-, irresponsable y mediocre. Desde luego que existen algunas excepciones que sacan la cara por esta profesión. En tantos casos es tan irresponsable, que cuando, por ejemplo, por estos días en que se sigue el discurrir de los conflictos internos en Libia, varios de estos "denodados" periodistas nuestros no se ruborizan cuando es a título personal -y por rencores que no nacen de su propia cultura política o de su conciencia moral o ideológica, sino de la propaganda estadounidense-, que afirman con adjetivos encendidos que el señor Gadafi debe ser expulsado de su país y juzgado por la Corte Penal Internacional por estar masacrando a su pueblo. No saben los "brillantes" e "independientes" periodistas realmente lo que ocurre allá, ni tampoco que lo que ocurre es que los tienen fletados repicando las noticias elaboradas desde la cúpula de los intereses norteamericanos y europeos ávidos de petróleo y de toda clase de intereses económicos. Igual sucede cuando "informan" aquí sobre la guerra interna colombiana: hacen una lectura de los boletines de prensa del Ejército, la Policía o de las altas esferas del gobierno nacional, no sólo textual, sino mejorada y aumentada por sus pasiones personales, y la reproducen fielmente.

Ya tocando otro aspecto del periodismo colombiano, veo en las columnas de opinión una valiosísima válvula de escape de nuestras angustias, frustraciones y deseos en numerosos columnistas que con su fuerza argumental hacen pensar al lector y en veces logran modificar decisiones equivocadas de las mismas autoridades.

LRS. ¿Qué considera usted que deba inspirar a un periodista?

GU. Ante todo la verdad, así esta tenga un contenido de dolor, repulsión o sea simplemente contraria a su ideología y principios.

LRS. ¿Al ser periodista nunca se ha visto obligado a dejar de lado una verdad por alguna amenaza al publicarla?

GU. El periodista que tema por una amenaza, a partir del momento que permita que ese temor influya en su oficio, pierde la sindéresis. Lo más honesto y digno que puede hacer es entrar en receso, pero ante todo, jamás ceder al miedo traicionando así la verdad en una noticia. Es humano ese temor, y de ser cierto e inminente, debe priorizar el valor de su vida, pero de ningún modo a costillas de la verdad periodística.

LRS. ¿Cree que sí hay libertad de prensa?

GU. Si, aunque relativa. Yo puedo escribir lo que quiera pero mientras no hiera los intereses de quien me publique. Y sí, y lo vemos en algunos medios, pero sin que en Colombia dejen de existir las presiones del poder gubernamental, económico, empresarial y político -ya el religioso no cuenta- sobre los medios que muestran independencia e intentan ceñirse a la verdad de los acontecimientos.

LRS. ¿Cuáles son los elementos fundamentales para realizar una impecable columna de opinión?

GU. Decir lo que se piensa sobre no importa qué tema, y de una manera contundente y sobria, y en donde la convicción reine. Y la buena escritura, desde luego.

LRS. ¿Cuál es el tema que más le apasiona?

GU. Personalmente el de la injusticia que se pasea oronda por doquier en nuestro país. La impunidad terminará por convertirse en el mejor aliciente para el bandidaje y en la causante del continuado deterioro social. De allí que siempre haya pensado -y nos es de mi cosecha, naturalmente- que nunca podrá ser exitosa una revolución o un cambio social drástico en beneficio de una sociedad o una nación, sin que lo primero que se enmiende y perfeccione no sea la Justicia.

LRS. ¿Cuál es el tema que más le molesta?

GU. Las mentiras que como apéndices de la información proliferan y crecen y se desarrollan como malas hierbas y la tergiversación de las noticias que son pan diario en los medios de comunicación colombianos. Los noticieros de televisión tales como RCN y Caracol, provocan vergüenza ajena y harían sonrojar al más idiota y desinformado de los ciudadanos europeos. Me molesta y me ofende ver cómo estos periodistas, muchos muy conocidos de El Tiempo y El Espectador, y tantos otros de todos y cada uno de los medios que hoy por hoy prestan sus servicios a los gobiernos de turno, confunden a la gente, la inmiscuyen en pasiones perversas contra esto y aquello, o del lado de cualquier cosa, sin importarles las consecuencias a futuro que para nuestro país y para la sociedad en general pueda tener tamaña irresponsabilidad.

LRS. ¿Cuál es el artículo que recuerde y que se sienta complacido al haberlo escrito?

GU. Ninguno. Aunque no me releo, pienso que todos merecen ser corregidos por una u otra razón.

LRS. ¿Por último, qué concejo les da a los futuros periodistas no solo de INPAHU si no de las demás universidades?

GU. Que no se dejen coger ventaja de la pereza y estudien. Pero, sobre todo, que por su propio bien -se sentirán mejores, ya lo verán-, y por el bien del país, sean honestos.

domingo, 6 de marzo de 2011

Las enfermedades no tienen remedio

Por Germán Uribe
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Los excesivos costos y las continuadas alzas en los medicamentos que vienen afectando los afligidos ánimos y los escuálidos bolsillos del común de los colombianos, nos lleva de nuevo a ocuparnos de este tema que en anterior columna de Semana (Las enfermedades: ¡Qué negocio! 26 de enero de 2008) tratamos sin imaginarnos que por aquellos días iría a levantar un chispero entre impacientes empresarios farmacéuticos y pacientes y maltratadas víctimas de toda clase de males.

Lo primero que debemos lamentar y denunciar en esta oportunidad es que estando en nuestro sistema político el manejo de la salud en manos privadas, y por ende bajo características netamente mercantilistas, cuya máxima finalidad y exclusivo interés no es otro que el de mejorar la productividad y acumular utilidades sin control alguno, a dicha máquina de hacer dinero desde los hospitales, las clínicas o los medicamentos, lo que menos le podría convenir es operar sus negocios en medio de una sociedad saludable. De hecho, pues, y por lo tanto, mientras la salud sea un negocio y no una responsabilidad social del Estado celosamente vigilada por los gobiernos, los ciudadanos tendremos que estar expuestos constantemente a sufrir el menoscabo de nuestras economías personales y a adaptarnos a una vida de constantes altibajos en cuanto a nuestra salud, ya que si repentinamente las industrias farmacéuticas produjeran drogas que curaran definitivamente algunas enfermedades, sus empresas se vendrían a pique y ya no tendrían razón de ser.

Con cuánto acierto hace referencia a este tema el columnista de Le Monde Diplomatique, Pascual Serrano, al observar que "uno de los problemas del capitalismo consiste en que cuanto mayor es un problema más dinero reciben los sectores empresariales que se dedican a afrontarlo. Si ese problema lo solucionaran, ellos mismos acabarían con su negocio. Los fabricantes de armas se arruinarían si no hubiese guerras, los bufetes de abogados si no hubiera delitos y conflictos, y las empresas farmacéuticas si sus medicinas acabasen con las enfermedades." Y más adelante, registrando el libro de Miguel Jara "La salud que viene. Nuevas enfermedades y el marketing del miedo", señala con dedo acusador a los grandes pulpos de la producción de medicamentos, también denominados "Big Pharma", -Bayer, GlaxoSmithKline (GSK), Merck, Novartis, Pfizer, Roche, Sanofi-Aventis-, como los industriales del "marketing del miedo" que atizan la aprensión normal de las gentes frente a las enfermedades en beneficio directo de sus inagotables intereses económicos.

Pero esto no es todo. Habría que ver, aparte de la fabricación y puesta en el mercado de medicamentos medianamente eficaces (que medio curen pero no del todo porque entonces… Y aquí, ahora, recuerdo el "misterio" de las cuchillas de afeitar, el más colosal ejemplo del engaño), el afán desmedido de las grandes compañías farmacéuticas por desprestigiar todos aquellos remedios genéricos que naturalmente son de más fácil acceso para los consumidores.

¿Pero porqué los genéricos son más baratos teniendo las mismas virtudes y efectividad de los originales? La explicación nos la da el también columnista de Le Monde Diplomatique, Ignacio Ramonet: "Los genéricos son medicamentos idénticos, en cuanto a principios activos, dosificación, forma farmacéutica, seguridad y eficacia, a los medicamentos originales producidos en exclusividad por los grandes monopolios farmacéuticos. El periodo de exclusividad, que se inicia desde el momento en que el producto es puesto a la venta, vence a los diez años; pero la protección de la patente del fármaco original dura veinte años. Entonces es cuando otros fabricantes tienen derecho a producir los genéricos que cuestan un 40% más baratos. El objetivo de las grandes marcas farmacéuticas consiste, por consiguiente, en retrasar por todos los medios posibles la fecha de vencimiento del periodo de protección de la patente, y se las arreglan para patentar añadidos superfluos del producto (un polimorfo, una forma cristalina, etc.) y extender así, artificialmente, la duración de su control del medicamento."

Por último, bien vale la pena traer a colación una pequeñísima muestra de lo ocurrido recientemente con la declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) pandemia de gripa AH1N1. Esta Organización, que debería preocuparse tanto por la salud física de los seres humanos como porque su cuidado no afecte su economía individual buscando con ello la equidad que las desigualdades económicas latentes en el mundo exigen, optó por otorgar la patente del producto sanitario que combatiría la gripa a cuatro farmacéuticas que se arrogaron el monopolio de su producción y venta haciendo su agosto por el corto tiempo que duró el escándalo mediático apropiadamente orquestado por los grandes beneficiarios de aquella pandemia "terrorífica".

Bien sea porque el costo de los medicamentos hiere nuestros bolsillos, o bien porque su efectividad está fríamente calculada para que sus efectos se den a medias, lo cierto es que, así las cosas, tenemos que aceptar que las enfermedades no tienen ni tendrán jamás remedio alguno.